EL PAÍS
Santo Domingo.- Veintitrés presidentes de comités municipales del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) incoaron una instancia al Tribunal Superior Electoral (TSE) demandando que el presidente nacional
de la organización política, Miguel Vargas Maldonado, distribuya los recursos
en las proporciones establecidas estatutariamente.
Los demandantes reclaman el
cumplimiento del artículo 170 de
los estatutos del PRD, que en su párrafo único establece: “La distribución de
los ingresos se hará siguiendo el siguiente criterio: El cincuenta por ciento
(50%) será administrado por la Secretaría Nacional de Finanzas, y el restante
cincuenta por ciento (50%) será distribuido a los Municipios, en proporción al
número de militantes”.
Argumentan que desde su
asunción al cargo de presidente del partido, Vargas Maldonado ha administrado
cerca de 1,000 millones de pesos, provenientes de la contribución estatal dispuesta
por la Ley Electoral (275-97), sin embargo, no han
recibido las proporciones correspondientes conforme el estatuto.
Señalan que el pasado 12 de
julio Vargas Maldonado fue intimado mediante acto de alguacil, para que
disponga la entrega de los recursos, pero no ha obtemperado.
Los demandantes son Freddy
Ramón Fernández, presidente del comité municipal del PRD en Salcedo; Juan
Villar Sánchez, de Villa Tapia; Basilio Polanco Sosa, de Gaspar Hernández;
Víctor Sánchez, de Moca; Eugenio Cedeño, de La Romana; Isidro Torres, de Santo
Domingo Norte; Domingo Batista, de Santo Domingo Este; José Diógenes Contreras,
de Cevico; Demetrio Antonio Paulino, de Nizao y Héctor Moscat Lora, de Baní.
También Silfredo Antonio
Romero Garabito, de Villa La Mata; Héctor Rosa, de Hato Mayor; Rafael Serrano,
de Sabana de la Mar; Mateo Raulín Rijo, de San Cristóbal; Francisco Solimán, de
Higüey; Rafael de Luna, de Sabana Grande de Boyá; Juan José Morales, de Samaná;
Rafael Collado, de La Vega; Diógenes de León, de Yamasá; José Tomás de la Cruz,
de Vicente Noble; César Álvarez, de Santiago; Juan Alberto Estévez, de San José
de las Matas, y Manuel Guillermo Peña, de San Juan de la Maguana.
El grupo se vale de los
servicios legales de Antoliano Peralta Romero, Samuel Pereyra Rojas, Luis Ramón
Pérez y Ramón Ernesto Pérez.
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