"El fallo que negó el amparo a unos 180
dirigentes excluidos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) constituye una flagrante y grosera burla al estado de derecho
y una reafirmación de parcialidad".
Escrito por: JUAN BOLÍVAR DÍAZ (juanbolivardiaz@gmail.com)
Contrario a lo que dice su último
dictamen en la crisis del principal partido opositor, el Tribunal Superior
Electoral (TSE) fue apoderado de los documentos, certificados por la Junta
Central Electoral (JCE), que permiten comprobar la sustitución de unos 629
dirigentes y la inclusión adicional de otros 300, para totalizar 929.
La clara negación de justicia profundiza
el desguañangue del PRD, alienta las confrontaciones y remite a los afectados a
protestas que podrían generar graves actos de violencia y una ingobernabilidad
partidaria que anularía esa formación política, conduciendo a un régimen
unipartidista.
La tremenda corte. En la madrugada del
martes 16 el TSE rechazó la solicitud de amparo a sus derechos ciudadanos
elevada originalmente por 69 dirigentes perredeístas, a los cuales se
adhirieron posteriormente poco más de un centenar. La declaró “inadmisible
por resultar notoriamente improcedente”, bajo el argumento fundamental de que
“por los medios de prueba aportados, este Tribunal no ha podido comprobar la
condición de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dichos accionantes y en
consecuencia no se ha probado la violación de los derechos fundamentales
alegados”.
Por lo que se discutió en audiencia
y recogió la prensa, la JCE se declaró incapacitada para certificar la lista de
miembros del CEN perredeísta electos en la convención nacional del 2010
por un período de cuatro años y que en marzo del 2012 rigió la elección de los
candidatos a diputados del exterior en los comicios del 2012 y la aprobación
del programa de gobierno, y que dio facultad al candidato presidencial
Hipólito Mejía para pactar alianzas.
En la primera audiencia del recurso, el
TSE resolvió formular dos peticiones, a la JCE y al presidente del PRD Miguel
Vargas. Pero en el primer caso incurrió en dos “errores”, al pedir
“los resultados de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del PRD, celebrada el
27 de septiembre del 2009, especificando los nombres, número de cédula y el
cargo de todos los candidatos que resultaron electos por el voto directo en la
indicada convención”
Pero resulta que aunque la Convención
comenzó en el 2009, se extendió hasta el 2010 y fue en febrero de este año que
fueron electos los miembros del CEN. Y además una buena proporción de los
mismos no son electos por “voto directo”, sino que lo son “de oficio”, por ser
legisladores y alcaldes, expresidentes de la República y del partido, y una
cuota de los vicepresidentes y subsecretarios generales son propuestos por el
presidente a ratificación de la Comisión Política.
Donde no se equivocó el Tribunal fue en
la petición al presidente del partido, a quien le precisaron el listado “de
todas las personas que en la actualidad ostentan la calidad de miembros del
CEN”. La actualidad son los que Vargas Maldonado registró en la JCE el 18 de
mayo y el primero de junio del 2012, sin el concurso del secretario general
como indican los estatutos.
El TSE sí tenía los electos. Por los términos
equívocos en la solicitud, la JCE pudo sacar el bulto al conflicto. Parecía una
nueva demostración de parcialidad de un tribunal cuyos integrantes se los
repartieron el expresidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado. Pero al día
siguiente quedó evidente que ese fallo es un escándalo mayúsculo, que en
cualquier país de mediana intensidad democrática tendría consecuencias.
El doctor Enmanuel Esquea, dirigente
perredeísta y principal abogado de los recurrentes, mostró por Teleantillas que
el Tribunal sí tenía el listado completo de los integrantes del CEN electos en
el 2010 y que sesionaron en el 2012, incluido como anexo por los peticionarios
del amparo. Mostró el listado, con fotos, nombres y cédulas del CEN del 2010,
con el sello de recibido de la JCE en la primera página, selladas todas
las páginas, y al final la certificación sellada del secretario general del
organismo, Ramón Hilario Espiñeira, que reza; “La presente es copia fiel y
conforme a su original, al cual me remito, la que expido, firmo y sello,
recibido en la Secretaría General en fecha 19 de marzo del 2012” . Agrega que fue emitida
el 22 de abril del 2013.
Es obvio que los jueces pudieron comparar
la lista oficial registrada en la JCE en marzo del 2012, con 2005 miembros, con
las introducidas el 18 de mayo y el 1 de junio del mismo año, con 2007 y 2307
miembros, para comprobar si hay sustituidos e incluidos. Porque los impetrantes
del amparo los presentaron debidamente certificados por la JCE. Sería la
primera vez que un tribunal desconoce una certificación oficial.
El documento aportado al TSE, el Acta de
la reunión ordinaria del CEN del 4 de marzo del 2012, podía ayudar a los jueces
a establecer la realidad, puesto que la JCE certificó que el quórum fue de 1156
de los 2007 integrantes del organismo. El tribunal desoyó a los abogados que
pidieron atención a los documentos presentados y que compareciera Vargas
Maldonado, bajo el increíble argumento de que “sus declaraciones no aportarían
valor probatorio alguno”.
Más leña al fuego. Es obvio que la
decisión del TSE constituyó una negativa de justicia que se inscribe en la
dirección de terminar de desguañangar al principal partido de la oposición que
parece irrevocablemente dividido.
Al negar tan arbitrariamente el acceso a
la justicia a los recurrentes, en vez de ser un factor de conciliación, el
tribunal toma posición y echa más leña al fuego en que se consume una de las
organizaciones fundamento del sistema político dominicano. Y al declarar
inadmisible el recurso, no se pronuncia sobre el fondo, que es si los
recurrentes son o no miembros del principal órgano directivo del PRD, bajo el
falso argumento de que no se ha podido comprobar.
Después de la experiencia de enero
pasado, cuando cientos de militantes perredeístas irrumpieron en una reunión
del CEN convocada por Vargas Maldonado, se generalizan los temores de que
rebrote la violencia en el nuevo intento por reunir el organismo con las
exclusiones. Los que alegan la exclusión y todos los que cuestionan a Vargas
Maldonado han reiterado que se harán presentes donde quiera que lo convoquen.
Por de pronto, el tremendo fallo generó
reacciones duras como las del expresidente Hipólito Mejia de que no les están
dejando más alternativa que “tomar las calles”, es decir, recurrir a protestas,
mientras prometen endurecer la oposición al Gobierno. Se agudizan las
acusaciones de que el líder del partido gobernante, Leonel Fernández,
contribuye al incendio en interés de destrozar el PRD, y empiezan a
responsabilizar también al presidente Medina.
La crisis del PRD es más significativa
por la desmovilización que afecta al Partido Reformista Social Cristiano,
tercera organización del sistema político, despersonalizado y virtualmente
absorbido por el partido de gobierno.
Para qué descuartizan el PRD
Negado a dar pasos conciliatorios que
restablezcan la unidad del PRD, o permitan una expresión democrática de sus
militantes, teniendo como fuerza principal el apoyo de los tribunales que
constituyó con el líder del PLD, Vargas Maldonado parece no importarle ninguna
consecuencia. Para la opinión pública, y así lo han marcado las
encuestas, es obvio que sólo controla una minoría de ese partido. Y no se
sabe si su resentimiento es mayor con Hipólito Mejía o con la gran mayoría de
los dirigentes nacionales que lo apoyaron hasta el 2011.
Por eso tiene a la casa nacional del PRD
bajo secuestro y busca el auxilio de la fuerza pública para hacer una reunión
allí, ya que los hoteles y salones de reuniones se niegan a acogerlo para
evitarse riesgos.
La situación se complicará aún más dado
que este viernes 19 de julio se cumplió el plazo de cuatro años por el
que fue juramentado como presidente del PRD, lo que también está certificado
por la JCE y se puede encontrar en los periódicos de esos días. Es posible que
ahora es cuando comience la parte más peligrosa y crítica de la
confrontación, porque la mayoría de los perredeístas está perdiendo las tenues
esperanzas de reunificación y muchos parecen dispuestos a tomar posición.
Al final lo que quedaría del partido más
antiguo del país pueden ser apenas cenizas, lo que dejaría espacio para que
surja una opción alternativa que cierre posibilidades aún al que se quede con
la franquicia, sea por decisión legítima de la mayoría o por imposición con la
colaboración de fuerzas externas.
Los sectores más duros del PLD y sus
millonarios voceros tienen razón para alentar el desguañangue del partido
blanco. Por de pronto está incapacitado para hacer la mínima oposición y su
descrédito va en ascenso. Como telón de fondo está la falta de democracia y las
debilidades institucionales de los partidos dominicanos que históricamente se
debaten entre el caudillismo autoritario y la anarquía.
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