Una buena ley de partidos y agrupaciones políticas es aquella que fortalece la democracia garantizando el derecho de todos los ciudadanos “a elegir y ser elegido” dentro de un marco de respeto, sin discriminación ni censura, con equidad, libertad y transparencia, impidiendo que el fantasma del fraude electoral siga apareciendo en todas las elecciones que se realizan en el país.
Una ley de partidos y agrupaciones políticas tiene que ponerle límites al financiamiento estableciendo normas precisas para evitar que el dinero del Estado siga siendo un factor determinante en los resultados de las elecciones, como ocurre actualmente, sin el menor escrúpulo y ninguna sanción.