El exembajador de Estados Unidos ante la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Roger Noriega, se hizo eco de la
denuncia hecha a principios del año pasado por la reclusa Sobeida Félix Morel
de que supuestamente Miguel Vargas habría recibido 300.000 dólares de manos del
narco José David Figueroa Agosto.
A través de un artículo publicado en el
diario Miami Herald, el pasado 26 de diciembre y titulado “Democracia en riesgo
de todos los dominicanos”, el exdiplomático se refirió a la denuncia e hizo una
crítica al sistema de justicia de la República Dominicana.
Noriega manifestó en su artículo que el
presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía,
responde al expresidente Leonel Fernández y la jueza Martha Olga García a
Miguel Vargas.
“Aunque se supone que el Tribunal
Superior Electoral es un panel de jueces imparciales en que se ejecutan todas
las elecciones nacionales, sus miembros fueron elegidos en base a su lealtad a
Fernández y/o el PLD”, sostuvo Noriega, quien se desempeñó como subsecretario
de Estado durante la administración de George W. Bush.
Dijo que no es sorprendente que el
informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS ) señale
que Fernández o sus aliados han sido acusados de corrupción, lavado de
dinero entre otros delitos graves.
“Por ejemplo, Vargas fue acusado en el
testimonio jurado a principios de este año (2013) de aceptar 300.000 dólares
del capo de la droga de renombre José David Figueroa Agosto en el 2008”,
reiteró.
Sentencia TC
En otro orden, Noriega consideró que la
sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 podría ser una maniobra política
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD ) para descalificar a los votantes
de origen haitiano, que tienden a sufragar por el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD).
Noriega argumentó que con anterioridad al
fallo 168-13, las autoridades electorales se habían negado a proporcionar
tarjetas de identificación de votantes a miles de personas de origen haitiano.
Noriega concluyó su artículo diciendo
que: “Tal vez el escándalo internacional generado por el fallo del TC
estimulará a la clase política y a la sociedad civil para promover reformas
urgentes a las instituciones judiciales y electorales. Sólo entonces la
República Dominicana volverá a ser un buen vecino y socio productivo para la
región y los Estados Unidos”.
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