Santo Domingo.– La renegociación del contrato de Barrick Pueblo Viejo con el Estado
dominicano sobre la explotación de oro y plata en la mina ubicada en Cotuí, en
la provincia Sánchez Ramírez, no pone en peligro la seguridad jurídica si se
fundamentara en criterios objetivos nacionales e internacionales que le den a
ambas partes el sentido de que todos somos tratados con justicia, afirmó hoy el
mediador y consultor en negociación, Nelson Espinal Báez.
Al referirse a la disputa entre las partes, sobre la
proporción del reparto de los beneficios del contrato, consideró en un despacho
de prensa, que “la seguridad jurídica
de una nación no se basa, exclusivamente, en la firma de los contratos, sino en
la satisfacción plena de los intereses y que los acuerdos se fundamenten en
reglas, precios, condiciones y criterios objetivos y legítimos para todos ...de
hecho si esos criterios objetivos cambian a nivel internacional, como es el
caso de los precios internacionales del oro y otros metales
(comodities), es perfectamente legítimo que cambien los acuerdos”.
Sobre el contrato, el Presidente Danilo Medina expresó
en su discurso de rendición de cuentas del pasado día 27 de febrero que “El oro
que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, es
del pueblo dominicano. ¡De nadie más! Y sólo podrá ser extraído, procesado y
exportado, si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la
explotación de este recurso no renovable, son justas y favorables para las
dominicanas y los dominicanos. Y en los actuales momentos no lo son”.
Mientras que de su lado, la minera Barrick Pueblo
Viejo, tras aludir a compromisos contraídos por la empresa con sus acreedores,
dice tener “acercamientos amigables” con el Estado para discutir las
inquietudes que derivan de algunos aspectos del contrato.
En ese tenor, el abogado y académico de la
Universidad de Harvard y del MIT, Nelson Espinal Báez, aclaró
que “ahora es el momento de, como hombres y mujeres de Estado,
sentarse a concertar un acuerdo digno, eficiente, legítimo,
sostenible y de ganancia mutua para las partes, descartando el populismo
y la demagogia."
El Dr. Espinal Báez marca la salida al conflicto, al
expresar, “Entendiendo que en democracia el camino es la concertación y el
diálogo democrático, pues el otro es el camino de la fuerza, y eso, en nuestro
país no tiene futuro."
Sobre la viabilidad de la solución del conflicto,
recordó, del proceso de negociación entre la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) y AES Dominicana en el que fue
el mediador de ambas partes, que se pudo verificar la capacidad
estratégica de estas instituciones, y sus respectivos equipos, para asumir
esos procesos como oportunidad real de crear valor, no sólo para ellas, sino
para la República Dominicana.
Las declaraciones de entonces, de Celso Marranzini,
como vicepresidente de la CDEEE, y Marco De la Rosa, por AES, coincidieron en
que “la solución de la disputa ha sido una oportunidad para crear valor y
trabajar juntos, a estos fines, y hemos creado valor por más de 440 millones de
dólares en esta negociación...".
“La República Dominicana tiene la oportunidad de
renegociar exitosamente un gran acuerdo, con transparencia, serenidad y visión
de Estado, que defienda los intereses nacionales, entre los cuales está la
seguridad jurídica y la inversión nacional y extranjera es la clave, es el
compromiso”, concluyó el prominente abogado y mediador.
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