Clasificación “D”.

Por Juan TH

El Banco de Reservas no es una institución financiera privada, es del Estado. El director, así como los miembros del Consejo los designa el presidente de la República. Se supone que no puede manejarse con criterios políticos, ni partidario, como ha ocurrido durante los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

Recordemos el préstamo al español Arturo del Tiempo Márquez para la construcción de la torre Atiemar, que el presidente Leonel Fernández no solo dio el “primer picazo”, sino que agilizó el empréstito. (Arturo del Tiempo está preso por narcotráfico en España).

El préstamo al presidente de facto del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, de 15 millones de dólares (solicitó 20 millones), después de la firma del pacto secreto de la Corbatas Azules con el presidente Leonel Fernández el 19 de mayo del 2009, es motivo de escándalo. El préstamo tuvo un carácter político, es el pago a un favor político de grandes dimensiones.

(Mientras Hipólito buscaba votos para ganar las elecciones, el presidente del PRD buscaba 20 millones de dólares para su beneficio y trabajaba para la derrota del candidato por el que debió luchar para que ganara las elecciones).

Así como el pacto de las corbatas azules se produjo en secreto, el préstamo de 15 millones de dólares, también. Los documentos de la transacción económica estaban celosamente guardados en la bóveda del Banco de Reservas, entidad que debe ser cuestionada por la sociedad. (¿Por qué Miguel no fue a la banca privada y prefirió la entidad del Gobierno del cual se supone es opositor? ¿Por qué le gusta tanto hacer negocios con el PLD, vendiéndole y alquilándole locales como sucedió con el edificio donde está hoy Aduanas?

El llamado “secreto bancario” no puede ser cómplice de violaciones fragrantes a las disposiciones de la Junta Monetaria del Banco Central. La respuesta no es el silencio. Al contrario, es obligatorio una exhaustiva investigación al respecto. El pueblo tiene derecho a saber por qué se otorgó un préstamo a un “cliente” que no era cliente del banco, y que además no reunía las condiciones. ¿Quién autorizó la operación? Vicente Bengoa, a la sazón director del banco o Leonel Fernández? El país tiene derecho a saber por qué el banco del Estado le otorgó un préstamo al socio político del presidente de la República en medio de la campaña electoral, a pesar incluso, de la oposición de los técnicos que le asignación una calificación “D” al “cliente”.

Los lectores se preguntarán, qué es una calificación “D” en el lenguaje bancario. Veamos lo que dice al respecto el Banco Central en la resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre del año 2004.

El “Reglamento de Evaluación de Activos” creó cinco calificaciones, a saber, A, B, C, D y E. Todos los bancos están en la obligación de cumplir esas normas prudenciales y la Súper Intendencia de Bancos a que la cumplan al pie de la letra.

He aquí lo que dictó la Junta Monetaria:

“D. Se observa una capacidad de pago con deterioro de carácter más permanente. El deudor presenta debilidades financieras identificadas que han puesto en riesgo su capacidad de enfrentar la totalidad de sus obligaciones de pago. El flujo operativo es negativo, reporta pérdidas significativas y se observa una creciente necesidad de recurrir a fuentes secundarias para hacer frente a las obligaciones de pago. Complementariamente, se puede observar que las razones de liquidez están por debajo de los promedios de la Industria y el apalancamiento es inadecuado según la naturaleza propia del negocio y se encuentra por encima respecto a los promedios del sector. En los préstamos en moneda extranjera se observa que la posición de cambio del deudor es significativamente desfavorable, por lo que la variación en el tipo de cambio, incrementa el deterioro de su capacidad de pago.

Aunque ello no es condicionante de lo anterior, adicionalmente la Industria presenta un serio deterioro en sus principales indicadores financieros. Se observa que las condiciones macroeconómicas han impactado negativamente a los indicadores financieros del sector y no se prevén claras posibilidades de una recuperación en el mediano plazo.

Se clasificarán en este nivel de riesgo aquellos deudores de quienes sus estados financieros presentan una antigüedad superior a 18 (dieciocho) meses después del cierre.”

Esa es la clasificación “D” establecida por la Junta Monetaria que el Banco de Reservas no debió ignorar debido a lo riesgosa de la operación, como bien lo señalaron los expertos del banco que establecieron: “Acorde a proyecciones 2012-2018, para los dos primeros cierres reportaría pérdidas y flujo de efectivo negativo. Además, el endeudamiento resultaría alto y la liquidez insuficiente. Contaría con capacidad de pago a partir del 2016”, concluyeron.

Con esa calificación no era posible la entrega de 15 millones de dólares a menos que no se produjera una orden directa desde la presidencia de la República. (¿El precio de la traición?).