14 de Enero del 2014, Redacción Z101 Digital.com
La agrupación Participación Ciudadana
consideró "extremadamente grave" la denuncia hecha por una facción
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de que su presidente Miguel Vargas
Maldonado fue favorecido con un préstamo de 15 millones de dólares en el
Banco de Reservas en diciembre del 2011.
De acuerdo a los denunciantes,
encabezados por la exvicepresidenta de la República Milagros Ortíz Bosch, el
préstamo se habría otorgado sin respetar las normas prudenciales que rigen el
sistema bancario dominicano y que son aplicables al banco estatal.
Según Participación Ciudadana, los
detalles de esta operación aprobada a cinco meses de las elecciones
presidenciales del año 2012, revelan su clara intención política, no
sólo por la cercanía de las elecciones, sino "debido a las
manifiestas irregularidades que entrañaba, que fueron expuestas por los
técnicos de la entidad a su Consejo de Directores, que a pesar de todo
finalmente la aprobó, sin que la Superintendencia de Bancos haya cumplido con
la misión que le otorga la ley".
"Las irregularidades cometidas en
el otorgamiento del préstamo, su importante monto y la fecha en que este fue
concedido, generan suspicacias sobre su verdadera motivación y su posible
vinculación con el relativamente reñido certamen electoral de mayo de 2012, en
el cual el partido de gobierno fue ya de por si beneficiado por un uso
desmedido de los recursos del Gobierno", señala la entidad.
Basada en la denuncia de Ortíz Bosch y
otros dirigentes del PRD, la agrupación indica que los técnicos del Banco de
Reservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento
de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba
de un caso de "difícil cobro", e implicaba que la entidad bancaria
debía provisionar el 60% de su valor".
Indica que además del desembolso por 15
millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones
adicionales, a deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia.
"En consecuencia, se trata de un
préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales
ningún banco hubiese aprobado", enfatiza la agrupación.
En referencia a la documentación
presentada por los denunciantes, sostiene que "Igualmente se violentaron
una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no
reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco
dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una
entidad que no generaba dólares, requisito indispensable para que este tipo de
préstamo pueda ser otorgado. El contrato revela igualmente un trato
privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del
capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del
Banco",
Para Participación Ciudadana
"Tanto los miembros del Consejo de Administración del Banco de Reservas
que aprobaron esta operación, incluyendo al ex Administrador General, Vicente
Bengoa, como el ex Superintendente de Bancos, Ivanhoe Ng Cortiñas,
cometieron faltas inexcusables a sus responsabilidades, mientras que el deudor
incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral".
"El actual Superintendente de
Bancos, Rafael Camilo debe ordenar una inspección a esta operación y rendir un
informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el
otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el
proceso sancionador administrativo que corresponda", plantea la
organización.
Participación Ciudadana sostiene
en que "Este tema trasciende el caso del ingeniero Miguel Vargas
Maldonado, pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos
los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió
recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos
para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de
aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para
regularizar esta situación".
La entidad concluye en que "Es
hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas"
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