Santo Domingo.− El dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), Guido Gómez Mazara, envió recientemente una comunicación al director
legal de esa entidad política, Salim Ibarra, en la que advierte que la
dirección perredeísta hace los trámites para adquirir 17 vehículos valorados en
RD$27 millones, sin que se realice una licitación pública, a pesar de que se
pretenden obtener con fondos provenientes del erario público.
La misiva del ex consultor jurídico del
Poder Ejecutivo fue enviada con copias al presidente del PRD, Miguel Vargas
Maldonado; el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y la presidenta en
funciones del organismo, Peggy Cabral, el 31 de octubre de este año.
A continuación la carta íntegra de Gómez Mazara dirigida a Salim Ibarra:
31 de octubre de 2013.
Santo Domingo, D.N.
Licenciado Salim Ibarra
Director Legal del PRD
Director Legal del PRD
Estimado Compañero:
Como la condición de responsable de los
asuntos jurídicos de nuestro partido genera una especial responsabilidad en ti,
y obliga a transparentar todos los actos en el orden legal, me siento en la
obligación de ponerle en conocimiento una situación que, no tiene interés de
dañar ni afectar reputaciones, sino está encaminada al ordenamiento y la
transparencia de un PRD que debe evitar reproducir en el ámbito partidario las
impugnaciones hechas al comportamiento del gobierno y el partido oficial.
La dirección del partido acaba de iniciar
un proceso de adquisición de 17 camionetas L/200 Export/2014 marca Mitsubishi y
50 motores para el desenvolvimiento institucional y las actividades inherentes
al trabajo político. Los precios de $1,430.000 (camionetas) y $35,000 pesos
(motores) por unidad, junto a los gastos de seguros $720,000 y $130,000 generan
una operación financiera que rebasa los $27,000, 000 millones de pesos.
Hasta aquí esas transacciones no generan ningún tipo de situación que nos
podría colocar en las puertas de impugnaciones y escándalos
éticos/administrativos.
Lo preocupante es que la Ley de
Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones en su titulo 1,
del Sistema y Su Ámbito en su artículo 2 establece: Están sujetos a las
regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos, los organismos del sector
público que integran los siguientes agregados institucionales, El gobierno
central, instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no
financieras, las instituciones públicas de la seguridad social, los
ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, las empresas públicas
no financieras y financieras y Cualquier entidad que contrate la adquisición
de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos. Y como el PRD es
receptor de fondos públicos, sus actuaciones deben estar sometidas a dicho
ordenamiento.
Además, en el Titulo 3, en lo
concerniente a las Disposiciones Comunes, el capitulo 1 cuando estatuye
sobre las Sanciones, establece en su artículo 65, Párrafo 3: Los
funcionarios de las instituciones sujetas a las disposiciones de la presente
ley y administradores de empresas públicas, financieras y no financieras, que
intervengan en la compra de bienes y servicios en contratación o concesión que
violen las disposiciones del artículo 28 de la presente disposición, serán
sancionados con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años o multa penal
de dos (2) hasta diez (10) veces el impuesto dejado de pagar por la parte
beneficiada, o ambas penas a la vez, y la prohibición de ejercer funciones
públicas por cinco (5) años.
Esta muy claro: la transacción podría
generar una situación legal difícil porque el artículo 72 de la misma ley consigna
que las denuncias de parte interesada, cualquier ciudadano podrá denunciar una
violación a la ley.
Pretendo mantener mis argumentaciones en
la jurisdicción de lo técnicamente legal y políticamente correcto y no quiero
citar las compañías que venden ni los apellidos de las personas que aparecen
como intermediarios de seguros para no entrar en valoraciones éticas. Eso sí,
olvidar que lo ideal y legal hubiese sido el establecimiento de una licitación
pública, constituye un error que no se corresponde con los anhelos de
adecentamiento de la vida nacional, fundamentalmente cuando la actual dirección
del PRD solicita que los fondos para el cumplimiento de esa obligación sean
descontados del presupuesto del partido que tocan las arcas de nuestra
organización por vía de la Junta Central Electoral (JCE).
Es cierto que las destrezas, capacidad
económica, desarrollo patrimonial y éxito financiero del compañero que valida
por parte del PRD la operación financiera, no guarda relación con los
montos establecidos en la transacción descrita anteriormente y a nadie le pasa
por la cabeza hacer interpretaciones malsanas. Ahora bien, los recursos
provenientes de la ley deben ser conducidos con un criterio diferente porque
son públicos y están sujetos a un ordenamiento que si no se cumplen cabalmente
terminan en procesos judiciales.
Como en el PRD los precedentes sirven de
guía de conducta, puedo recordarte que políticamente, las últimas sustituciones
institucionales tienen de común denominador hombres y mujeres que pertenecen a
un sector. Por lo tanto, si igual lógica se aplica con la distribución de
vehículos y motores podrían establecer las bases de desequilibrios impropios de
un partido democrático y abierto a la convivencia en las diferencias, pero
penetrado por la idea de que es posible, al mismo tiempo, ejercer la condición
de autoridad partidaria, candidato a reelegirse en el partido y pre/candidato
presidencial, en detrimento de otras opciones con legitimo derecho.
Hubiese preferido hacer estos
señalamientos en una reunión de las instancias institucionales porque serviría
para aclaraciones importantes. Sin embargo, hace años que lo partidario está
sujeto a interpretaciones y acomodos dignos de mejor suerte. Por eso, te abordo
de esta manera y espero una respuesta sensata y legal para que en el futuro
inmediato los sectores de la sociedad civil y franjas que luchan por el
adecentamiento de la vida nacional no mantengan su impugnación de que “todos
somos iguales”.
Aquí no se trata de impugnaciones
personales, lo valido es modificar métodos y transformar la idea de que
nuestras manías no se le pueden imponer al resto de la sociedad.
Afectos,
Guido Gómez Mazara
Cc:
Miguel Vargas
Junior Santos
Peggy Cabral
No hay comentarios:
Publicar un comentario