Experto califica de muy precaria seguridad jurídica inmobiliaria en el país, por el fracaso del programa de modernización en el sector.

Por Andrés Matos
Santo Domingo.− El Doctor Rafael Ciprian, experto en Derecho  Inmobiliario calificó de  muy precario  el nivel de seguridad  jurídica  en esa jurisdicción en este momento, lo que afecta el crecimiento económico de la nación, lo cual no es bueno, debido a  que ese sector es clave para la economía del país.

Aclaró al mismo tiempo, que esto no quiere decir que los inversionistas no quieren invertir en el país, sino que estos enfrentan muchas dificultades  cuando persiguen  asegurarse a través de sus abogados  para  estar  confiados de que los inmuebles involucrados en negociaciones estén libres de trabas,  lo que se logra expidiéndoles su correspondiente registro de que está libre.

Al  ser entrevistado en el programa Democracia TV que conducen  Deomedes Olivares y Andrés Matos por Teleradioamerica, Ciprian señaló  que muchos inversionistas, cuando  creen que están adquiriendo algún bien inmobiliario, lo que realmente adquieren es  un proceso, en el  cual se encuentra  la propiedad  en cuestión, esto quiere decir,  que generalmente esos bienes tienen gravamen de antiguos involucrados en transacciones con los mismos.

Necesitamos dinamizar  los registros catastrales, vencer los cuellos de botellas en las jurisdicciones de registros de mensuras catastrales, aunque se ha avanzado algo, por la impronta de la actual Suprema Corte.

“No podríamos sostener el desarrollo del turismo,  de las zonas Francas, de la agropecuaria, las construcciones públicas y privadas,  si no existen garantías de la seguridad inmobiliaria. Los Registros de títulos están llamados a dar garantías de los certificados de títulos de propiedad  y los Abogados del Estado están llamados a servir de Guardianes de esa propiedad inmobiliaria”. Agregó 

Expresó que el derecho inmobiliario, derecho civil especializado, tenemos un problema muy grave, ya que no se entiende que toda la economía del país está sustentada en la propiedad inmobiliaria del Estado y de los particulares o familias.

El jurista  considera que cuando se engaveta un expediente  inmobiliario se detiene la economía de ese expediente y sus interesados, pero cuando se detiene el conocimiento de miles de expedientes inmobiliarios se detiene la economía del país. 

Calificó como un rotundo fracaso el programa de inversiones para la modernización de las jurisdicciones catastrales,  penoso, debido a que se gastó  mucho dinero del pueblo dominicano para, sin resultados aceptables de los pretendidos, entre los  que estaban  que todos los registros fueran informatizados, la dinamización de los procesos en los tribunales  de jurisdicción original y otros.

Manifestó que, no obstante,  la  alta voluntad de los jueces, pero la falta de recursos técnicos y económicos les impide hacer su trabajo.

 Acusó a la anterior suprema se preocupó mas en presentar obras de relumbrón, para marketing, mal construidos, con vicios, fue una verdadera manifestación de mala administración y del fracaso del programa de modernización de la jurisdicción inmobiliaria del país.

Confía en la actual Suprema, en su preocupación en procurar que esta jurisdicción se adecue a cumplir su verdadero rol de dinamización y sostén de la economía del país, garantizando  los títulos de propiedad que el Estado debe garantizar.

Resaltó el papel del Abogado del Estado es de ser  representante del Estado en todos los asuntos que este tenga interés en la inmobiliaria, sirve de Fiscal en cada caso de defensa del certificado de título, ya que quien expide este documento es el Estado, a través de la jurisdicción Inmobiliaria.

Sobre las invasiones de propiedad.

“Quien tenga la propiedad ilegal de cualquier propiedad con derecho inmobiliario registrado, el abogado del Estado tiene la obligación de desalojar  a quien de manera intrusa ocupa un bien que no justifique con su certificado de titulo. Los ocupantes pueden ser castigados con penas y multas la primera vez que se demuestre ocupan ilegalmente, si reincide puede recibir una pena mayor, pero para que sea perseguido, los propietarios deben dar seguimiento al acusado”. Enfatizó

Recalcó que quien ocupa un terreno de manera ilegal, sin importar el tiempo de ocupación, cualquier mejora levantada o cultivada en ese inmueble es propiedad del propietario legal del mismo.

Experto  califica de muy precaria seguridad jurídica inmobiliaria en el país, por el fracaso del programa de modernización en el sector.