Denunciarán secuestro de la justicia dominicana.
Santo Domingo.- El Sector Mayoritario del
Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el
ingeniero Hipólito Mejía y Luís Abinader, anunció el inicio de una cruzada
jurídica internacional con el propósito de rescatar la institucionalidad de esa
organización política y recuperar la democracia en la República Dominicana.
Durante una rueda de prensa
convocada para presentar la firma de abogados Aparicio, Arp & Asociados de
Washington, DC, responsable del proceso legal a nivel internacional, el
licenciado Abinader informó que durante la mañana de este jueves fue depositada
ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos una “Denuncia por
Violación del Estado Dominicano a los Derechos Civiles y Políticos del ex
presidente Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda
Vásquez”.
En la rueda de prensa
participaron el ex presidente Mejía; el ex presidente del Senado, Andrés
Bautista García; el dos veces secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera;
la secretaria de organización Geanilda Vásquez; y el licenciado Abinader, quien
hizo la introducción durante la actividad, así como los abogados
internacionales y locales responsables de la acción.
Abinader reveló que “en las
próximas 5 semanas se iniciaran igualmente procesos legales ante el Comité de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, y se entregaran denuncias individuales ante la relatoría para la
independencia de jueces y abogados, entre otras acciones legales que se
realizaran en representación de las personas afectadas”.
“El presidente Hipólito Mejía,
quien le dirige la palabra, Luís Abinader y todos los líderes de este sector
moral y mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano hemos asumido un
compromiso con los perredeístas y con el país de rescatar el PRD y recuperar la
democracia de nuestra nación”, apuntó el ex candidato vicepresidencial del
Partido Revolucionario Dominicano.
Y agregó: Hemos prometido que
defenderemos nuestro partido en todos los escenarios. Hoy le informaremos sobre
las acciones legales y políticas ante los organismos internacionales.
En consecuencia, queremos
presentar al país a los abogados Jaime Aparicio y Bjorn Arp de la firma
Aparicio, Arp & Asociados de Washington, DC quienes desde hoy nos
representarán”.
Resaltó que el doctor Aparicio
ha sido Presidente del Comité Jurídico Interamericano, asesor del ex Presidente
Colombiano y ex Secretario General de la OEA Cesar Gaviria. También ha
representado al ex Presidente Carter en Nicaragua y Ecuador; y es profesor de
derecho internacional en varias universidades.
En cuanto al doctor Bjorn Arp
dijo que es profesor de varias universidades en Washington, Madrid, Colombia y
Ecuador y ha escrito varios libros sobre los derechos humanos.
Informó también que la firma
Aparicio Arp y Asociados ha representado los casos de más alto perfil público
de violaciones a los derechos fundamentales ante las cortes internacionales.
“Sin un sistema judicial independiente no hay justicia”
El doctor Aparicio, de
nacionalidad Colombiana y radicado profesionalmente en Washington, Estados
Unidos, explicó que la firma de abogados acudirá ante diferentes instancias
jurídicas internacionales “para denunciar estos hechos, ante la imposibilidad
de las víctimas de encontrar justicia en tribunales nacionales, sometidos al
poder político”.
“El secuestro de la justicia
por el partido gobernante viola derechos humanos protegidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ambos jurídicamente vinculantes
para la República Dominicana”, declaró el jurista durante la rueda de prensa.
Dijo que “la experiencia
latinoamericana demuestra que los nuevos autoritarismo en la región se
construyen a partir de estrategias de control político partidario de los
tribunales supremos, de los mecanismos de control constitucional y de los
poderes electorales, con fines de perpetuarse en el poder y de aniquilar el
sistema de partidos políticos. Sin un sistema judicial independiente del poder
político, no hay democracia, ni límites al abuso de poder ni freno a la
corrupción”.
“Ante esa situación, Vamos a
demostrar ante las instancias legales internacionales que en República
Dominicana la continua intervención política en los órganos jurisdiccionales
está afectando el estado de derecho y el régimen plural de partidos políticos y
la separación e independencia de los poderes públicos”, manifestó Aparicio.
También vamos a solicitar al
Secretario General de la OEA, que en aplicación de la Carta Democrática Interamericana,
solicite una visita de la organización a República Dominicana para verificar
las violaciones al Estado de derecho que afectan el desarrollo del proceso
político institucional democrático.
Sostuvo que los problemas de
imagen internacional que afectan hoy a República Dominicana derivan de la
inexistencia de tribunales "independientes e imparciales", como lo
exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La denuncia ante la CIDH
Por su parte, el doctor Bjorn
Arp, reveló que la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) fue fundamentada en la violación del artículos 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, referido a las garantías judiciales, del
artículo 9, referido al principio de legalidad; y del artículo 16, referido a
la libertad de asociación.
“En la denuncia demostramos
que la composición del Tribunal Superior Electoral está controlada por el
partido gobernante de la República Dominicana. Su práctica demuestra que en
todas las reclamaciones presentadas por la corriente del PRD controlada por
Miguel Vargas se falla a su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por
los miembros del PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido el
Tribunal falla en su contra”, explicó el jurista norteamericano.
Dijo que los s procedimientos no permitieron a las víctimas el tiempo adecuado para la preparación de la defensa, y el tribunal no respondió a todos los puntos planteados en las reclamaciones. “Cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión constitucional, este recurso no fue respondido. De hecho, prácticamente un año después de haber sido presentado el recurso, el caso sigue dormido en el registro del Tribunal Constitucional, a pesar de existir la norma que manda una decisión de admisibilidad en un mes”.
Dijo que los s procedimientos no permitieron a las víctimas el tiempo adecuado para la preparación de la defensa, y el tribunal no respondió a todos los puntos planteados en las reclamaciones. “Cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión constitucional, este recurso no fue respondido. De hecho, prácticamente un año después de haber sido presentado el recurso, el caso sigue dormido en el registro del Tribunal Constitucional, a pesar de existir la norma que manda una decisión de admisibilidad en un mes”.
Además, indicó el abogado, la
denuncia concluye que el Estado de la República Dominicana ha violado los
artículos 1 y 2 de la Convención Americana por no tener un régimen jurídico
adecuado para la protección de la libertad de asociación. “La República
Dominicana no dispone de una regulación jurídica en vigor sobre el
funcionamiento de los partidos políticos, lo que está restringiendo
considerablemente el derecho de asociación y de participación política de todos
los ciudadanos de este país”.
En la rueda de prensa también
habló el dirigente político y abogado Orlando Jorge Mera, quien afirmó que la
cruzada emprendida por el Partido Revolucionario Dominicano es una iniciativa
que trasciende el interés de un partido en particular, ya que el objetivo
fundamental es hacer valer el ejercicio de las libertades públicas y los
derechos democráticos de todos los dominicanos y dominicanas.
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