La gestión de Medina se vio en el dilema de anular el contrato de concesión o aumentar significativamente los precios de los peajes para reducir el subsidio de las compensaciones económicas acordadas para que el consorcio pudiera recabar los 3,697 millones de dólares que calculó
Leonel Fernández escuchando a Víctor Díaz Rúa.
Archivo/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.–El Gobierno estaba dispuesto a pagar a Dominicana de Vías Concesionadas (Dovicon) 150 millones de dólares, 15 más de los 135 millones que terminó dándole, para deshacer el contrato del proyecto vial Viadom, pero los ejecutivos del consorcio (colombianos, dominicanos e italianos) lo rechazaron porque el Ministerio de Obras Públicas ponía como condición que el Estado le entregaría el dinero en cuatro cuotas.
A casi un año de que Gobierno cargara a los contribuyentes con 135 millones de dólares para salir del contrato, se desconocen muchos detalles oficiales del proceso de negociación con Dovicon y que una de las empresas del consorcio asumió como una decisión de carácter “político” de la gestión de Danilo Medina.
Fuentes oficiales aseguran a Acento.com.do que los ejecutivos de Dovicon trataron al final de lograr US$200 millones, pero prefirieron transarse y aceptar los US$135 millones para evitar una auditoría a sus inversiones que se proponía ejecutar el Ministerio de Obras Públicas.
Para viabilizar el acuerdo el Gobierno pagó US$10 millones de inmediato y US$124 millones a través del Banco de Reservas. El pago global incluía US$19 millones por concepto de cesación de negocio.
Al principio Dovicon pretendía que se le pagara un monto total de US$468 millones para deshacerse del proyecto, según las fuentes. Obras Públicas tenía la premura de desmontar el contrato porque calculó que el Estado debía pagar unos US$61 millones al año en peaje sombra y que sólo en 2013 ahorraría unos US$81 millones.
Dovicon operaría a su propio criterio los distintos peajes de las carreteras durante 30 años durante los cuales recabaría unos 3,697 millones de dólares. A estas tres décadas se sumarían cuatro años y 9 meses de ejecución de obras y cinco meses para la liquidación del contrato.
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El proyecto Viadom, basado en el contrato suscrito por la gestión de Leonel Fernández el 16 de diciembre de 2010 por un monto de US$471,945,760, estaba ejecutado en alrededor de un 24% en agosto de 2012, cuando inició la gestión de Medina.
Para esa fecha Dovicon había ejecutado US$112,821,259, según un informe elaborado por Tecnoamérica. La empresa presidida por Pedro Delgado Malagón firmó el 25 de julio de 2005 un contrato para “la asesoría, estructuración y posterior supervisión” de Viadom con el ingeniero Félix Bautista, quien en calidad de director de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado (OISOE), gestó el proyecto vial concebido por una de las gestiones de Fernández.
El presidente Fernández lo había vendido al país como una gran panacea en su discurso oficial ante la Asamblea Nacional del 27 de febrero de 2007. Para entonces, anunció que Viadom abarcará 990 kilómetros y conllevaría una inversión de 700 millones de dólares.
Lo definió como “un verdadero proyecto de modernización de las principales carreteras del país, lo cual, a su vez, liberaría recursos para que el Gobierno pueda concentrar su atención al fomento de políticas de reducción de la pobreza”.
El proyecto dejó las oficinas de la OISOE. Los pasos para su concreción se afianzaron cuando Víctor Díaz Rúa, entonces ministro de Obras Públicas, suscribió el contrato de ejecución del proyecto con el representante de Dovicon, Amín Ricardo García Acuña, el 7 de julio de 2008.
Viadom rehabilitaría y daría mantenimiento a 127 kilómetros de la Autopista Duarte; 21 kilómetros de la Autopista 6 de Noviembre; 10 de la carretera Sánchez; 12 de la autopista Santiago–Navarrete y 44 entre Navarrete y Puerto Plata (que ampliaría a cuatro carriles). Además construiría, operaría y daría mantenimiento a la Circunvalación de Santiago (24 kilómetros).
Dovicon operaría los peajes de los kilómetros 25 (Pedro Brand) y 137 (La Penda) de la autopista Duarte; 3 de la 6 de Noviembre, 13 de la carretera Sánchez y 33 de la vía Navarrete-Puerto Plata.
Pero Gonzalo Castillo Terrero, quien sustituyó a Díaz Rúa en Obras Públicas, rescindió el acuerdo el 24 de mayo de 2013 por considerar que el Estado ahorraría unos 70 millones de dólares al año.
“De la misma forma que ha ocurrido con la autopista de Las Américas o la del Coral, vamos a gestionar estas vías de forma transparente y eficiente, con la gran ventaja de que todos los beneficios obtenidos se invertirán en nuevos proyectos”, dijo Castillo Terrero, al firmar el acuerdo para rescindir el contrato.
Las autopista Las Américas y El Coral estuvieron a cargo de la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (CODACSA), empresa que también manejó un contrato del que el Estado se deshizo, aunque el país terminó acusado en un tribunal de arbitraje internacional, con un costo de más de US$53 millones, incluyendo US$33,683,759 en reparación de daños y perjuicios.
Curiosamente, en la anulación del contrato CODACSA jugó un papel importante Díaz Rúa quien, en ese sentido, siguió los pasos de su predecesor en el cargo, Freddy Pérez.
Bien amarrado
Del proceso de negociación de Dovicon se conocen pocos datos. Odinsa (organización de Ingeniería Internacional S. A.) informó este año 2014 en las memorias elaboradas para sus accionistas: “La decisión de reversión del proyecto tuvo su origen en aspectos políticos locales y no afectan en nada los otros proyectos que el grupo desarrolla en ese país”.
Odinsa mantiene otros negocios en República Dominicana. Por la Autopista del Nordeste transitaron en 2014 un total de 2,754,534 vehículos que pagaron peajes por un monto de RD$403 millones (unos 9.4 millones de dólares), por lo que el Estado debió compensar la compañía con US$32,027,149, según sus memorias.
Por el Bulevar Turístico del Atlántico transitaron 1,118,725 vehículos, aunque sólo pagaron peaje 13,3% (147,976 vehículos). La empresa recaudó US$78.8 millones (sólo US$1.9 millones) y el Gobierno debió pagar US$29,610,696 por el diferencial entre la garantía de tráfico y el ingreso recaudo de las vías.
La constructora colombiana forma parte del consorcio Dovicon, integrado además por Autopista del Oeste, S. A.; IECSA, Ghella y QuadradtGroup.
El contrato contempló una Tasa Interna de Retorno (TIR) real para el inversionista-accionista calculada sobre el flujo de fondos en dólares constante y que surge de la oferta, la cual es de 19.50%.
Además, se vería afectado a favor de Dovicon con cualquier devaluación o fluctuación adversa del peso dominicano frente al dólar estadounidense, en exceso de un 15%.
Establece que el Estado tendría que otorgar una carta de crédito stand by emitida por Banreservas u otro banco comercial, ratificada por una entidad internacional de calificación de riesgo, igual o superior a AA, en caso de ser necesario. La misma “será otorgada únicamente para seguridad del pago total o parcial de la Tarifa Anual Actualizada que no fuera pagada directamente por los usuarios de las vías correspondientes a cada tramo, únicamente cuando el Gobierno decida no aumentar, total o parcialmente, la tarifa del peaje conforme a lo establecido en este contrato”.
El contrato firmado por Díaz Rúa exoneraba a Dovicon del pago de: “todo impuesto, contribución, tasa, arancel, arbitrio, incluyendo, pero no estando limitado a Impuesto sobre la Renta, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), impuesto selectivo al consumo, así como cualquier otro impuesto de cualquiera naturaleza, establecido por ley, decreto o resolución”.
El consorcio sólo tendría que pagar los peajes (por coincidencia) y las tasas que establece el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
El costo del proyecto para el Estado se incrementó US$12.6 millones, debido a que Obras Públicas debía suplir 18,000 millones de galones de material asfáltico (AC-30), el cual, según el acuerdo sería suplido por Sargent Petroleum, la empresa de Mustafá A. Abu Naba'a.
Como si fuera poco, en lo atinente a la parte del equilibrio económico, el contrato obligaba al Estado a pagar en un plazo de 30 días los recursos de los denominados peajes sombras, mantenía el derecho de aumentar las tarifas hasta un 20%, podría redefinir el alcance de las obras y de las actividades a ejecutar y además extender el plazo de la concesión (que era de 35 años y tres meses) por un período tal que le permitiera recuperar el retorno esperado.
Como parte de la negociación, Dovicon recibió –en calidad de operador– a partir del 1 de abril de 2011 las estaciones de peajes del kilómetro 31 de la Autopista Duarte (Pedro Brand), kilómetro 3 de la Autopista 6 de Noviembre y kilómetro 13 de la carretera Sánchez. El mismo contrato cedía a la empresa el 12% de los montos recaudados cada mes.
Todo el dinero recaudado en los peajes pasaría a Dovicon en cuanto la empresa ejecutara el 40% de los componentes del proyecto relacionados con cada una de las estaciones. La compañía haría lo mismo con las nuevas estaciones de cobro a instalarse en el kilómetro 137 de la Autopista Duarte (La Penda) y el que se ubicaría en Imbert, en el kilómetro 33 de la carretera Navarrete-Puerto Plata.
Los precios de los peajes iniciarían –conforme al contrato– con RD$50 para vehículos livianos de dos ejes y hasta 1.5 toneladas; RD$100 para los minibuses, buses, camiones de dos ejes y hasta 6.0 toneladas; RD$110 para camiones y buses de tres ejes y RD$200 para vehículos de más de tres ejes.
En la actualidad los precios de los peajes para los vehículos livianos es de RD$30, a excepción de las autopistas administradas por concesión, como la que comunica Santo Domingo con Samaná.
Tres de las estaciones que operaría Dovicon y que están en operación, solo recaudaron en total RD$45,285,270 (US$1,063,034) en agosto de 2013, según datos del Ministerio de Obras Públicas. Esto da una idea de lo elevado que pudo ser el costo de los peajes sombras.
El contrato establece que si el Gobierno consideraba inconveniente incrementar las tarifas de los peajes por “razones de interés público” debía subvencionar el costo con el pago de la diferencia y además debía pagarla en los primeros 15 días de cada mes.
Para ello, tendría que incluir en el Presupuesto Nacional un monto que requeriría la subvención y además entregar una carta de crédito stand by que permitiera a Dovicon cobrar el dinero directamente en caso de que hubiera algún retraso.
El proyecto incluye unas fórmulas matemáticas que serían utilizadas por Dovicon para aumentar el precio de los peajes al principio de cada año, tomando en cuenta la variación del índice de precios al consumidor (IPC), establecido por el Banco Central.
Fuentes oficiales apuntan a que a la llegada de Obras Públicas el ministro Castillo Terrero se encontró que todos los peajes serían aumentados por disposición de Dovicon. También se abriría la estación de La Penda que había provocado protestas de transportistas y otros sectores de la zona del Cibao que lo repudiaron y aseguraban que impedirían su puesta en operación.
Los constructores del proyecto vial trataron de llevar el tema al ámbito diplomático con una nota de queja vía Cancillería. También intentaron la mediación del expresidente Fernández que se desentendió del tema.
Lío con el peaje de la Autopista 6 de Noviembre
Respecto al peaje de la Autopista 6 de Noviembre la concesión a Dovicon desató un conflicto con la empresa Consorcio Vial Dominicano, que recibió la administración de esa estación con base a un contrato “grado a grado” suscrito el 19 de febrero de 2001 por Miguel Vargas Maldonado, entonces secretario de Obras Públicas.
El Consorcio, representado por Héctor Evertz, de profesión mercadólogo, firmó el acuerdo por un monto de U$11,268,383.
El Consorcio Vial debía administrar el régimen de peaje durante 20 años, a cambio de la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de las carreteras San Cristóbal-autopista Duarte y Haina-autopista Duarte. Entre mayo y agosto de 2013 la citada estación de peaje recaudó RD$41,341,467, según el Ministerio de Obras Públicas.
Durante la campaña electoral de 2008 el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) trajo a colación el citado peaje, al denunciar que el Consorcio Vial Dominicano era una empresa de la carpeta de negocios de Nelson Solano Guzmán, contra quien la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia para que fuera extraditado a Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según la organización opositora, la gestión de Fernández había favorecido al imputado con la asignación de obras públicas por más de US$5,000 millones.
El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le salió al frente a la denuncia y presentó documentos que avalaban que el contrato con el Consorcio Vial Dominicano lo había firmado Vargas Maldonado, entonces candidato presidencial del PRD.
Hace poco más de un año, el 6 de marzo de 2013, el Tribunal Constitucional, presidido por Milton Ray Guevara, dictó una sentencia sobre un recurso en el que el Consorcio Vial Dominicano, representado por su presidente David Name, buscaba que los jueces declararan inconstitucional el contrato firmado por Díaz Rúa con Dovicon respecto al peaje de la Autopista 6 de Noviembre. El organismo rechazó el recurso por considerar que se trata de “un conflicto de intereses privados” surgidos por el otorgamiento a distintas personas de una misma concesión, aunque con el voto disidente del juez Justo Pedro Castellanos.
La sentencia explica que el Consorcio llegó a requerir a Obras Públicas el pago de US$26,181,000 en compensación.
Muchos nombres de compañías en la tómbola
La asamblea constitutiva de Dovicon se llevó a cabo el 28 de enero de 2009, con un capital social de RD$30,000,000 y un capital suscrito y pagado de RD$41,100,000, con 41,000 acciones.
Autopista del Oeste, presidida por Víctor Manuel Cruz, tenía 20,418 acciones, según el registro de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. La misma persona encabeza Odinsa Holding que controla 41 acciones.
Inversora Andina Ibérica, SRL, encabezada por María PiaMonkes, y Ghella, S.P.A., presidida por Altagracia Margarita Sánchez Jiménez, tenían cada una 10,250 acciones, mientras QuadratGroup, encabezada por Ernesto Carrasco Morales, contaba con 41. Todas las compañías registraron como dirección física el local 604, de la Torre Novo Centro, en la avenida Lope de Vega.
Los ingenieros Díaz Rúa y Delgado Malagón anunciaron en octubre de 2008 las siete empresas precalificadas para participar en la licitación de Viadom ofrecieron los siguientes nombres: CCR Compañía Concesiones Rodovías (Brasil), Constructora Odebrecht (Brasil); Latinoamericana de Rodovías Participaciones y Emprendimientos, S. A –constructora MC, C. por A. (Colombia-República Dominicana), Coviandes, S.A-Pisa, S.A- Corficolombiana, S.A.- EDL LTD., CEI, S.A., Gómez Cajiao& Asociados (Colombia), MNB, S.A-Vergel Castellanos, S.A. (Colombia), Autopistas Dominicanas –Autodom– (Colombia-República Dominicana), FCC Construcción, S,A, (España), Sarrion Construcciones-Getinsa (España -Portugal) y Consorcio Ghella, S.P.A, (Italia).
¿Habría que suponer, entonces, que Odinsa, Autopista del Oeste, S. A., IECSA y QuadradtGroup ganaron el contrato a través de Ghella?
La propia página Web de Dovicon añade una nueva empresa como parte del grupo: Remix, asociada a Odinsa.
Defendido por Díaz Rúaz, bendecido por los partidos
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, encabezada por el reformista Marino Collante y legisladores de otros partidos, rindió el 20 de junio de 2011 un informe “favorable” al proyecto.
El 29 de ese mismo mes, la cámara baja aprobó el contrato con el visto bueno de 88 de 142 legisladores. Un total de 35 votaron que no y 19 se abstuvieron.
Sólo cuatro de los 60 diputados del PLD que votaron en la sesión se opusieron al contrato, mientras que otros diez, incluyendo a MinouTávarez Mirabal, se abstuvieron.
La pieza contó con la aprobación de 22 diputados del PRD, 28 se opusieron y 9 se abstuvieron. En el Senado, dominado por el PLD, el proyecto no confrontó mayores dificultades cuando se produjo su aprobación el 26 de mayo de 2011.
Día Rúa incluso acudió al Senado para urgir la aprobación del proyecto. Para entonces, afirmó que era conveniente porque: "se van a hacer las obras sin que el Estado tenga que poner dinero, y el Estado después se queda con todas esas obras exactamente como las entregó”.
“No hay otra forma de hacerla. No podemos reparar la Duarte (la autopista) hacer la circunvalación de Santiago, reparar la Seis de Noviembre y la carretera del Sur y hacer la carretera Navarrete-Puerto Plata si no es con esa condición porque no hay el dinero”, añadió el entonces ministro de Obras Públicas.
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