"Desaciertos como el que acaba de incurrir con la petición al
Presidente de la República lo confirman como autócrata e incapaz de someterse
al libre juego de las ideas, actitudes que, por demás, entran en conflicto con
el sistema político dominicano, consagrado por la Constitución como democrático
y representativo".
EDITORIAL DE EL NACIONAL 13 Julio 2013
La cúpula del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) se ha ocupado de eliminar cualquier dejo de sorpresa en su
rebatiña sobre la crisis interna. Pero aun así, no deja de asombrar la vuelta
de tuerca que representa la intervención solicitada por el presidente de la
organización nada menos que al Presidente de la República para garantizar la
seguridad durante la conflictiva reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Tras fracasar en un recurso de amparo
elevado ante el muy consecuente Tribunal Superior Electoral (TSE), Miguel
Vargas Maldonado ha abjurado de la institucionalidad con tal de no darse por
vencido. Es lo que plantea su cuestionada apelación al presidente Danilo Medina
para que le conceda la fuerza pública a fin de garantizar la seguridad y el
orden en una reunión en la que de antemano procura imponer sus puntos de vista.
Con el aval de ese tribunal que también
lo obligó a suministrar la relación de los miembros del CEN, en función de la
convención de 2009, Vargas Maldonado ha optado por enrocarse antes que
propiciar un debate sobre la crisis del perredeísmo. Y
desaciertos como el que acaba de incurrir con la petición al Presidente de la
República lo confirman como autócrata e incapaz de someterse al libre juego de
las ideas, actitudes que, por demás, entran en conflicto con el sistema
político dominicano, consagrado por la Constitución como democrático y
representativo.
Tal
vez sin proponérselo e incluso al margen del concepto sobre sus adversarios, el
también ex ministro de Obras Públicas, ha dado lugar a que se piense que, más
que un partido político, el PRD es un botín cuya propiedad hay que defender a
toda costa. Por
más obvia que sea la tensión y pesar de la violencia que haya alcanzado
la lucha interna, no se concibe ni la solicitud ni los términos para justificar
la fuerza pública durante una reunión que no ha sido convocada al aire libre.
En una comunicación al jefe del Estado
con fecha de 9 de este mes, Vargas Maldonado dice “esperamos de su celo como
presidente de la República para custodiar los mismos valores que usted defiende
de manera consuetudinaria, en esta ocasión haciendo sin parcialidades, sin
intromisiones, únicamente como centinela de una democracia que no puede estar a
expensas del chantaje, ni de las amenazas de ningún grupo o facción”. En todo
caso, no es el gobernante, sino él como presidente del PRD quien debe
garantizar esos postulados.
Hay que dar por descontado que el
Presidente no obtemperará la solicitud de Vargas Maldonado, porque sería
inmiscuirse en asuntos internos de un partido político, y por demás a favor de
un grupo, sin importar que sea el institucional. En el contexto de la crisis
del PRD tiene también que discernirse entre lo legal y lo legítimo, elementos
ambos que entran en juego en una rebatiña con ribetes más personales que
programáticos o ideológicos.
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