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El ministerio de Obras Públicas merece un reconocimiento
por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz Rúa había
otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON)
para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al través del
cobro de los peajes de las principales carreteras del país.
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sOBRE EL AUTOR: JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Periodista
Periodista profesional con más de cuarenta años de
ejercicio en periódicos, revistas, radio y televisión.
Fue fundador y director
del semanario Firme. Director
del diario El Sol y fundador y primer director de
El Nuevo Diario. Es director de noticias de Teleantillas
y analista y
articulista del diario Hoy.
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Al informar sobre la decisión el ministro Gonzalo Castillo
señaló que de esa forma el Estado se queda con unos 70 millones de dólares
anuales que ahora se podrán gestionar e invertir con transparencia para
beneficio de todos los dominicanos y dominicanas.
Pero el reconocimiento sería mayor si el funcionario
hubiese presentado un informe pormenorizado que pudiera justificar el pago de
70 millones de dólares por las inversiones que supuestamente había hecho la
empresa para cumplir la responsabilidad de ampliación, reparación y
mantenimiento de las tres principales vías del país.
Lo peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también
una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por
lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más
de 5 mil 400 millones de pesos que tienen toda la configuración de una enorme
estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de
agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales,
viviendas y transporte.
Nos encontramos ante un escándalo de dimensiones similares
al histórico caso de la Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel
Fernández y su ministro Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de
dólares para venderlos en el mercado internacional y usufructuar ese dinero,
bajo el entendido de que sería invertido en una serie de obras que no
ejecutaron.
A diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento
clandestino, al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado
consternación. Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas
Industriales de Herrera han expresado indignación y reclamado
transparencia total.
No es sólo que a este país le deben la justificación de las
supuestas inversiones, sino una explicación, que debía ser casi denuncia
judicial, de cómo fue posible que se otorgara un contrato tan grosero, con la
consiguiente identificación de los accionistas y ejecutivos de la empresa, que
según se tiene entendido son colombianos y dominicanos.
La normalidad con que hemos asumido ese pago de 135
millones de dólares, es un indicio contundente de que aquí perdimos la
capacidad de asombro. Ni siquiera hay oposición política en capacidad de clamar
sanciones. Tampoco un Congreso Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad
de fiscalización y representación, en vez de estar engrosando barrilitos y
cofrecitos para repartir migajas y traficar con la miseria.
Si se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses
finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria
de carreteras (CODACSA) a la que también se le rescindió un contrato, el
monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7 mil 400 millones
de pesos.
En ambos casos se trató de contratos amarrados con los
funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes
dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es
campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se
traduce en tanta violencia.
Como consuelo, y en abono del Ministro Castillo, hemos
sabido de fuentes de total crédito que también ha renegociado el contrato de la
carretera Ocoa-Piedra Blanca reduciendo su costo en unos 150 millones de
dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches con
economía de otros 90 millones de dólares. De los brillantes contratos del
pasado gobierno. Un ahorro de casi 10 mil millones de pesos.-
Enviado por: Juan Bolívar Díaz
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