OPINIÓN
FFAA amenazan la institucionalidad policial (2 de 3)
Por Juan Tomás TaverasEs evidente que hoy las FFAA son la principal amenaza a la institucionalidad policial y a la seguridad ciudadana. Siendo esto, además, un riesgo para nuestra soberanía y su defensa poniendo entre dicho el rol de las FFAA.
Hoy, nuestro políticos mal asesorados o por ignorancia tienen el interés de dispersar y desvirtuar la función o los roles policiales. Y los militares están aprovechando esos errores y resentimientos de la clase política para absolver nuestros espacios. Esto nos presenta el peor escenario jamás visto en la historia policial y la más eminente amenaza de destrucción de nuestra institución policial.
Urge enmendar todos estos errores en nuestra ley orgánica policial, que aun está en debate en el Congreso, y de esta manera recuperar la institucionalidad perdida. Involucrémonos, es deber que la masa social participe de manera integral en estos temas, ya que la seguridad nos atañe a todos.
Innegablemente, las FFAA en su improcedente cliché de intereses estratégico para la seguridad y el desarrollo nacional y citando falsamente que es un mandato constitucional se están apoderando de todas las policías especializadas que por el contrario están violando la Constitución y las leyes de justicia atinente al derecho punitivo que es competencia de la función policial conjuntamente con los demás actores del sistema judicial.
La irresponsabilidad e incapacidad con el sesgo de las ambiciones corruptas de la mayoría de nuestros jefes de Policía permitieron los decretos que adjudicaron a las FFAA a las policías especializadas: de Policía Privada (SVSP), Policía Ambiental (SENPA), Policía del Metro (CESMET), Policía de Control de Combustible (CECCOM), Politur o Policía Turística (CESTUR), así como todos los servicios de seguridad de las oficinas públicas puertos, aeropuertos y migración que corresponden a tareas propias de policía por naturaleza y esencia. Lo que se hace más grave hoy, al lograr las FFAA abrogárselas en su ley orgánica recientemente aprobada.
El Estado dominicano está viviendo la peor crisis institucional. Nuestra sociedad ha revertido el concepto de institucionalidad que debe fundamentarse en favor del colectivo social, contrariando el Estado de derecho que debe primar en toda sociedad organizada, sobre poniendo el interés propio o particular del individualismo y los grupos de poder. La justicia opera en favor de particulares y grupos de poder; igual pasa con el Congreso, el poder ejecutivo y los poderes fácticos.
Esta situación, consecuentemente, aumenta la conflictividad social y amenaza a la seguridad pública; no pudiendose enfrentar y solucionar sin una policía moderna, bien pagada, bien equipada, bien tecnificada, bien profesionalizada y con institucionalidad fuerte; pero todo ello requiere de grandes recursos económicos.
El presupuesto de la Policía no ha sido suficiente durante numerosos años y en tales circunstancias es difícil avanzar y mucho menos competir con el narcotráfico y el crimen organizado, principales promotores de la corrupción interna policial y en resto de la sociedad.
Para entender mejor la disyuntiva institucional explicamos: cuando sucede una violación a la ley penal, cualquiera que fuese ésta, corresponde a la Policía Nacional asumir su rol de auxiliar de la justicia en cuanto a la investigación, y de igual manera, en su actuación de función preventiva en pos de evitar los crímenes y delitos de la sociedad. O sea, que la ciencia de criminalística, de criminología, protección civil, seguridad ciudadana o pública en general y misiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son tareas esencialmente de naturaleza policial.
Cuando sucede cualquier hecho criminal o delictivo el mismo podría suceder dentro de una fortaleza militar, y la actuación sobre este hecho siempre corresponderá a la Policía Nacional, además de auxiliar a la justicia en cualquier requerimiento de la misma, así como prevenir, controlar y perseguir las infracciones de la ley, especialmente salvaguardando los Derechos humanos. “Esto es así aquí y en Pekín”, no es un invento. Es una cuestión de institucionalidad, de ley, de naturaleza, de ciencia y de costumbre.
De igual manera, cuando en un cuartel de Policía suceda una amenaza a la soberanía nacional ya sea el caso que se esté tramando un golpe de Estado o una complicidad con alguna invasión extranjera y la amenaza al espacio aéreo, marítimo o terrestre, corresponderá a las Fuerzas Armadas actuar. A propósito de espacio aéreo, marítimo y terrestre, cuando hablamos de fronteras, de puertos y de aeropuertos, debe quedar claro que entran ambos ámbitos, siendo la parte de la defensa una función de custodia en cierta forma pasiva y en cuanto a la parte de la seguridad sobre cualquier violación a las leyes y chequeos le corresponde actuar exclusivamente a la Policía.
Independientemente de las tareas y misiones que tradicionalmente han desempeñado las Fuerzas Armadas en cuestiones propias de seguridad pública, su alto presupuesto y abultada plantilla de aproximadamenete 50 mil miembros son injustificados y no tienen razon de ser en estos momentos.
Al parecer, hay desconocimiento o falta de interés para entender o reconocer el papel preponderante de la Policía para garantizar la seguridad ciudadana y savaguardar el Estado de derecho que requiere toda sociedad organizada.
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