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| Juan Taveras Hernández, el autor |
La
división del PRD es un hecho.
El
punto es quien se queda con el nombre.
Es
más que evidente el apoyo económico,
político y judicial del gobierno al sector minoritario que encabeza Miguel
Vargas.
Es
una cuestión de carácter estratégico que tiene que ver con la gobernabilidad y
la permanencia en el poder del PLD, hoy con Danilo Medina, mañana de nuevo con
Leonel o con cualquier otro.
El
PLD no se imagina fuera del gobierno porque una parte importante de sus
dirigentes terminaría con sus huesos en la cárcel por corrupción. Bastaría con
que un gobierno decente le aplicara el artículo 146 de la Constitución que
obliga a los funcionarios, entrantes y salientes, “probar el origen de sus
bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de
la autoridad correspondiente”, cosa que nadie hará.
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