Por Rafael González Núñez
La República Dominicana vive una verdadera expansión del mercado inmobiliario. Es una actividad que genera empleos, atrae inversión y dinamiza nuestra economía. Precisamente por su crecimiento, ha llegado el momento de ordenarla y profesionalizarla.
No se trata de cuestionar a quienes ejercen honradamente la intermediación inmobiliaria. Todo lo contrario: una regulación adecuada debe proteger a quienes trabajan con preparación, seriedad y responsabilidad.
Pero tampoco podemos ignorar una realidad cada vez más evidente: personas sin formación especializada ni habilitación profesional específica están entrando al negocio de la intermediación inmobiliaria, entre ellas extranjeros que residen en nuestro país y que desarrollan esta actividad profesionalmente.
Y aquí no hablamos de cualquier operación. Hablamos del patrimonio de una familia, de los ahorros de toda una vida o de la inversión de un extranjero que deposita su confianza en la República Dominicana.
Tengo conocimiento de que esta discusión ya está sobre la mesa del Congreso Nacional. El Senado aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa, correspondiente al Expediente núm. 01334-2026-PLO-SE, que contempla licencias, registro, supervisión y reglas para los distintos actores del sector.
Por eso, el planteamiento no desconoce el proceso legislativo; lo acompaña y procura que se fortalezca. Una regulación moderna no debe limitarse a crear un registro o entregar una licencia. Debe establecer formación, capacitación, ética, responsabilidad profesional, fiscalización y consecuencias claras para quien ejerza sin estar debidamente habilitado.
No se trata de impedir que nadie entre al mercado.
Se trata de que el mercado tenga reglas.
Y esas reglas deben aplicarse sin distinción de nacionalidad. Todo aquel que desarrolle profesionalmente la intermediación inmobiliaria en territorio dominicano debe estar sometido a los mismos estándares: registro, habilitación, obligaciones tributarias, prevención del lavado de activos y responsabilidad frente a sus clientes.
Pero, sobre todo, el centro de la regulación debe ser el cliente.
Quien compra o vende un inmueble tiene derecho a saber quién lo asesora, qué preparación posee, bajo qué autorización opera y ante quién puede reclamar.
La profesionalización no es una amenaza para quienes hacen las cosas bien. Es una garantía para ellos y, sobre todo, para sus clientes.
Como abogado y persona vinculada al sector inmobiliario, considero que la República Dominicana tiene una oportunidad importante: concluir el proceso legislativo y dotar al país de un marco jurídico moderno, transparente y acorde con la dimensión que ha alcanzado esta industria.
Que se regule.
Que se profesionalice.
Que se fiscalice.
Que quien incumpla responda.
Porque el crecimiento del mercado inmobiliario dominicano es una realidad.
Ahora necesitamos que también lo sea su seguridad jurídica.
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