 |
| Lic. Rafael González Núñez , autor azuano, abogado, empresario, dirigente político y comunitarios |
Hay conquistas que no pueden medirse únicamente por la cantidad de personas que las ejercen en un momento determinado. Hay derechos que adquieren su verdadero valor precisamente porque representan el reconocimiento de una ciudadanía que durante años tuvo que luchar para ser escuchada.
El derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior es una de esas conquistas.
No fue un regalo. No apareció de manera espontánea. Fue el resultado de años de reclamos, organización y lucha de una diáspora que entendió que vivir fuera de la República Dominicana no significaba dejar de ser dominicano, ni renunciar a participar en las decisiones que determinan el presente y el futuro de su país.
La Ley Electoral 275-97 contempló el sufragio de los dominicanos residentes en el exterior y, finalmente, ese derecho comenzó a ejercerse en las elecciones presidenciales de 2004. La propia Junta Central Electoral registra que la primera oficina para el registro del voto exterior fue instalada en el consulado dominicano de Nueva York en 2001.
Desde entonces han pasado más de dos décadas.
Y durante ese tiempo la diáspora ha demostrado que puede estar lejos geográficamente sin estar lejos de la República Dominicana.
Participamos en la economía.
Participamos en la cultura.
Participamos en el deporte.
Participamos en la educación.
Participamos en nuestras comunidades.
Invertimos.
Construimos.
Enviamos recursos a nuestras familias.
Creamos empresas.
Mantenemos vínculos permanentes con nuestra tierra.
Y, sobre todo, seguimos sintiéndonos parte de la Nación dominicana.
Entonces cabe una pregunta elemental:
Si somos suficientemente dominicanos para aportar, para sostener familias, para invertir, para generar divisas, para representar nuestra cultura y para mantener viva nuestra relación con el país, ¿por qué habría de considerarse prescindible nuestra participación política?
¿Por qué, precisamente cuando hablamos de ejercer un derecho ciudadano, alguien puede plantear que ese derecho debe desaparecer simplemente porque una parte importante de quienes lo poseen no está acudiendo a ejercerlo?
Ese es el debate que debemos tener.
No sobre si la abstención exterior existe.
Existe.
No sobre si es preocupante.
Lo es.
No sobre si debemos hacer algo para elevar la participación.
Por supuesto que debemos hacerlo.
La verdadera discusión es otra:
¿La solución a una baja participación debe ser eliminar el derecho o trabajar sobre las causas que están produciendo esa baja participación?
El reconocido economista, historiador y exgobernador del Banco Central Bernardo Vega ha planteado precisamente considerar la eliminación del voto de los dominicanos en el exterior, argumentando el costo que representa para el Estado frente a los niveles de participación electoral.
Su planteamiento merece respeto y una respuesta seria.
Y precisamente por respeto al debate, hay que decirlo con claridad:
si existe un problema de participación, trabajemos sobre el problema; no eliminemos el derecho.
La propia Constitución ofrece una orientación que no deberíamos perder de vista. El artículo 18 establece que los poderes públicos deben aplicar políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación Dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr una mayor integración.
La palabra clave es integración.
No exclusión.
No aislamiento.
No reducción de derechos.
Integración.
Y aquí es donde debemos comenzar a mirar las causas.
Porque la abstención electoral no es una enfermedad exclusiva de la diáspora.
También la padece la República Dominicana.
El desencanto con la política, el distanciamiento de los ciudadanos respecto de los partidos, la pérdida de confianza en determinadas estructuras y la sensación de que la política muchas veces no responde a las expectativas de la gente son fenómenos que trascienden las fronteras.
Por eso, atribuir exclusivamente al dominicano en el exterior la responsabilidad de la baja participación sería simplificar un problema mucho más profundo.
La diferencia está en que, para el dominicano que vive fuera, existen además obstáculos que no necesariamente enfrenta el elector que reside en territorio dominicano: distancias enormes, desplazamientos entre ciudades y países, permisos, disponibilidad de locales, procesos de empadronamiento, dificultades logísticas y, en determinados lugares, una relación mucho más distante con las instituciones dominicanas.
La propia experiencia histórica demuestra que cuando se trabaja para acercar el sistema electoral a la comunidad, la respuesta existe.
En 2004 apenas 52,440 dominicanos estaban empadronados en el exterior. Para 2008 ya eran 154,789. En 2020 la cifra había alcanzado 595,879 y para las elecciones de 2024 el padrón exterior llegó a 863,785 electores.
Eso no parece la historia de una comunidad que haya perdido completamente su interés en participar.
Parece, más bien, la historia de un derecho que ha ido ampliándose y de una comunidad que ha ido incorporándose progresivamente al sistema electoral nacional.
En 2024, esos 863,785 electores constituían, por cantidad, la segunda demarcación electoral más grande del país, solo superada por la provincia Santo Domingo.
¿Puede entonces una democracia darse el lujo de mirar esa comunidad solamente desde el porcentaje que no votó?
Yo creo que no.
Lo que corresponde es preguntarnos qué estamos haciendo mal.
¿Qué está haciendo la clase política del exterior?
¿Qué está haciendo el Estado?
¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral?
¿Qué estamos haciendo los dirigentes comunitarios?
¿Qué estamos haciendo los partidos?
Porque también tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad.
No podemos defender el voto exterior y permanecer indiferentes ante la abstención.
Tenemos que motivar.
Tenemos que informar.
Tenemos que explicar.
Tenemos que acercar.
Tenemos que recuperar la confianza.
Tenemos que hacer pedagogía ciudadana.
Tenemos que conseguir que el dominicano que vive en Madrid, Barcelona, Nueva York, Boston, Puerto Rico, Miami o cualquier otra parte del mundo entienda que su voto no es solamente un acto partidario.
Es un acto de ciudadanía.
Y aquí hay otra realidad que debemos reconocer con honestidad.
El dominicano que vive en el exterior, en su inmensa mayoría, no depende de la política dominicana para vivir.
No depende necesariamente de un empleo público.
No necesita de un partido para acceder a los servicios básicos del país donde reside.
Tiene otra dinámica social, económica y laboral.
Eso produce una ciudadanía más independiente de las estructuras políticas tradicionales y, en muchos casos, también más distante de ellas.
Y quizás ahí también tengamos que hacer nuestro propio mea culpa.
Porque cuando la política pierde credibilidad, la gente se aleja.
Y eso ocurre tanto dentro como fuera de la República Dominicana.
Por eso la respuesta no puede ser quitar derechos.
La respuesta tiene que ser recuperar confianza.
Si la logística es complicada, mejoremos la logística.
Si faltan centros de votación, acerquémoslos.
Si falta información, informemos.
Si existe burocracia, reduzcámosla.
Si hay desencanto, hagamos autocrítica.
Si existe indiferencia, volvamos a conectar la política con las necesidades reales de la gente.
Pero no confundamos el síntoma con la enfermedad.
La baja participación electoral del exterior es un problema que debemos atender, sí.
Pero convertir ese problema en argumento para eliminar un derecho conquistado después de décadas de lucha sería confundir la causa con el efecto.
La diáspora dominicana no está pidiendo un privilegio.
Está defendiendo un derecho.
Un derecho que comenzó a ejercerse en 2004 y que, veinte años después, alcanzó un padrón de cientos de miles de ciudadanos.
Un derecho que forma parte de una concepción constitucional que no busca desvincular al dominicano del exterior, sino conservar y fortalecer sus vínculos con la Nación.
Y hay una última contradicción que merece ser puesta sobre la mesa.
La República Dominicana recibe con los brazos abiertos los aportes de su diáspora.
Recibe sus remesas.
Recibe sus inversiones.
Recibe sus emprendimientos.
Recibe sus conocimientos.
Recibe su solidaridad.
Recibe su cultura.
Recibe el esfuerzo de millones de dominicanos que, aunque viven fuera, siguen sosteniendo de múltiples maneras a quienes permanecen dentro.
Entonces, si la diáspora es parte de la República Dominicana para construirla, sostenerla y ayudar a desarrollarla, también debe ser parte de ella para decidir democráticamente su destino.
No somos dominicanos para unas cosas y extranjeros para otras.
Somos dominicanos.
Y como ciudadanos dominicanos tenemos derechos, pero también deberes.
Uno de ellos es participar.
Por eso nuestra tarea no debe ser eliminar el voto exterior.
Nuestra tarea debe ser conseguir que cada vez más dominicanos en el exterior comprendan el valor de ejercerlo.
A la clase política del exterior nos corresponde una responsabilidad enorme.
No solamente defender esta conquista.
También hacer que vuelva a tener sentido para nuestra gente.
Porque una democracia no se fortalece quitándole derechos a los ciudadanos que participan menos.
Se fortalece haciendo todo lo necesario para que participen más.
La fiebre existe.
La abstención existe.
El desencanto existe.
Pero la fiebre no está en las sábanas.
Y el voto exterior no es el problema.
El desafío es recuperar la voluntad de votar.
El voto del dominicano en el exterior: una conquista que se defiende
No hay comentarios:
Publicar un comentario