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Por Rafael González Núñez, abogado de profesión, derecho inmobiliario y corporativo, director comercial del Grupo Vista Caribe, Dirigente Político, ejecutivo de la fundación Dominico-española |
El tema migratorio es, quizás, uno de los más sensibles que enfrenta cualquier nación. Toca fibras humanas, realidades económicas y responsabilidades institucionales. Por eso exige algo más que posturas: exige equilibrio.
En la República Dominicana, la implementación del Protocolo Migratorio en hospitales públicos ha puesto a prueba esa capacidad de equilibrio entre el orden necesario y el respeto a la dignidad humana.
Los datos recientes del sistema hospitalario público muestran una reducción significativa en el número de partos registrados, particularmente en los correspondientes a parturientas extranjeras en condición irregular, tras la aplicación del protocolo.
En 2024 se registraron 91,661 partos en la red pública; en 2025 la cifra descendió a 74,784, una reducción de 16,877 partos (-18.41%).
En el caso específico de partos de madres haitianas, la disminución fue de 32,967 en 2024 a 18,434 en 2025, una caída de 14,533 partos (-44.08%).
Si observamos el mes de enero, el contraste es aún más claro: de 3,023 partos en enero de 2025 se pasó a 1,114 en enero de 2026 (-63.1%).
Las cifras indican que la política aplicada ha generado resultados medibles.
Pero el análisis no puede quedarse únicamente en los números.
Desde su implementación, el protocolo ha sido concebido como una herramienta de orden institucional, aplicada con verificación normativa, coordinación interinstitucional y respeto al debido proceso. La atención médica en situaciones de emergencia no se ha negado; se ha buscado, más bien, regular y organizar el sistema para proteger su sostenibilidad y garantizar que pueda seguir sirviendo a quienes dependen exclusivamente de él.
Ese matiz es esencial.
Orden no significa deshumanización.
Control no significa negación de derechos.
Un Estado tiene el deber de proteger sus recursos públicos y asegurar que su sistema de salud funcione con equilibrio. Pero también tiene la responsabilidad de actuar dentro del marco de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de las personas.
En este proceso, la República Dominicana ha mantenido su vocación solidaria y su disposición de cooperación con la nación vecina, reconociendo que los desafíos migratorios son complejos y requieren responsabilidad, no improvisación.
Cuando una política pública logra reducir presión hospitalaria, mejorar la planificación de recursos y fortalecer la sostenibilidad del sistema, sin romper el marco humanitario, merece ser evaluada con objetividad.
Las políticas públicas deben medirse por sus resultados y por la forma en que se ejecutan. En este caso, los datos muestran impacto, y el enfoque institucional ha procurado mantener esa línea delicada que separa la firmeza del exceso.
Gobernar en temas sensibles no es actuar desde la emoción, sino desde la responsabilidad. Implica tomar decisiones que protejan el interés nacional, garanticen sostenibilidad y, al mismo tiempo, preserven la dignidad humana.
La República Dominicana ha demostrado que es posible ejercer autoridad sin perder humanidad; que se puede ordenar sin excluir; que se puede regular sin renunciar a los principios.
En asuntos migratorios no existen soluciones simples. Lo que sí existen son decisiones responsables, protocolos claros y voluntad institucional para hacer cumplir la ley dentro del marco del respeto.
Orden, resultados y humanidad no son consignas
Son pilares de un Estado que entiende que la firmeza y la sensibilidad pueden caminar juntas cuando hay liderazgo.
En este contexto, el presidente Luis Abinader ha asumido la conducción de un tema complejo con determinación y enfoque institucional, procurando que el orden migratorio se ejerza sin desprenderse del marco humanitario que debe guiar toda política pública.
Porque gobernar también es encontrar ese punto de equilibrio donde la autoridad y la humanidad no se contradicen, sino que se complementan.
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