La reciente designación del doctor Antoliano Peralta Romero como Ministro de Justicia marca un hito relevante en la estructura institucional de la República Dominicana y abre una nueva etapa en la organización del sistema de justicia desde el Poder Ejecutivo.
La creación del Ministerio de Justicia no es un hecho improvisado ni coyuntural. Se trata de una institución largamente debatida en los círculos jurídicos y políticos del país, cuya finalidad principal es ordenar, coordinar y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la justicia, sin interferir en la independencia del Poder Judicial ni en las funciones constitucionales del Ministerio Público.
Un ministerio que nace con historia
Aunque para muchos pueda parecer una novedad, el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura del Estado dominicano desde los primeros años de la República. Sin embargo, fue suprimido en 1964, trasladándose muchas de sus funciones a la Procuraduría General de la República. Décadas después, el legislador entendió necesario rescatar esta figura institucional, adaptándola a los estándares modernos de gobernanza y Estado de Derecho.
Con la promulgación de la ley que lo crea y su puesta en marcha a partir de 2026, el Ministerio de Justicia inicia un proceso gradual de organización y asunción de competencias claramente delimitadas.
¿Qué viene a mejorar?
El nuevo ministerio surge con un objetivo esencial: separar las funciones administrativas y de coordinación de aquellas propias de la persecución penal, evitando la concentración excesiva de atribuciones en una sola institución. Esto fortalece la transparencia, la eficiencia y el equilibrio institucional.
Entre sus principales atribuciones se encuentran la coordinación de políticas públicas en materia de justicia, la supervisión del sistema penitenciario, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la articulación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la gestión de determinados servicios jurídicos al ciudadano.
Impacto en la seguridad jurídica y en la marca país
Desde la perspectiva del Estado de Derecho, la creación del Ministerio de Justicia contribuye a una mayor seguridad jurídica, entendida como reglas claras, instituciones definidas y funciones bien distribuidas. Esto no solo beneficia a los operadores del sistema jurídico, sino también a los ciudadanos, a los inversionistas y a la imagen internacional del país.
Un Estado con instituciones organizadas transmite confianza, estabilidad y previsibilidad, elementos clave para el desarrollo democrático y económico.
El reto de la implementación
Como toda institución de nueva creación, el Ministerio de Justicia enfrenta desafíos importantes: estructuración interna, transferencia ordenada de competencias y coordinación efectiva con los demás órganos del sistema de justicia. En ese contexto, la designación de Antoliano Peralta, jurista con amplia experiencia en la administración pública y el derecho administrativo, apunta a una transición técnica y responsable.
Una apuesta por el fortalecimiento institucional.
Más allá de nombres y decretos, el nacimiento del Ministerio de Justicia representa una apuesta del Estado dominicano por modernizar su arquitectura institucional, reforzar la separación de funciones y consolidar un modelo de justicia más ordenado y coherente.
El tiempo y la correcta implementación dirán hasta dónde llegará su impacto, pero el paso dado es claro:
cuando el Estado se organiza, la democracia se fortalece.
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