Por JUAN T H
Los ciudadanos, a través del gobierno que previamente elige,
permite que los funcionarios administren el dinero recaudado con sus impuestos
para que lo inviertan en obras que los beneficien, no que los perjudiquen.
Esos señores y señoras deben manejar esos recursos con
absoluta transparencia, sujetos siempre, por mandato de la Constitución y las
leyes, al cuestionamiento de las partes, es decir, de los ciudadanos.
El dinero del Presupuesto de la Nación, es dinero público,
dinero del pueblo, de la gente. Es por eso que los funcionarios son “servidores
públicos”. Están para servirle a la
gente, no al revés, como ocurre.
Si los ciudadanos, ven que el dinero, su dinero, no se está
administrando como debe ser, tienen el derecho y hasta la obligación de pedir y
de exigir explicaciones tanto en los medios de comunicación como en los
tribunales.
Yo, usted, nosotros. Todos los pagamos al Presidente, los
ministros y demás “servidores públicos”, incluyendo militares y policías que tantos
abusos cometen contra la ciudadanía. Todos deben rendir cuentas cuando así lo
pidamos.
Si alguien, el Presidente, el Ministro, quién sea, se roba
ese dinero debe ir preso.
Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: Todo el que
llega pobre a un cargo del gobierno y sale rico, es un ladrón. No hay otra
forma de hacer dinero desde una posición pública.
El Partido de la Liberación Dominicana pretende, mediante
una ley, quitarles a los ciudadanos el derecho a defender lo suyo. El dinero de
sus impuestos que muchos de sus miembros se ha robado impunemente.
Dice un ex procurador general que mantener el artículo 83
del Código Procesar Penal que permite que los ciudadanos demandar a los
funcionarios públicos se presta al chantaje y la extorsión. Yo le pregunto,
¿cuáles funcionarios han sido chantajeados? ¿Conoce algún Ministro que esté siendo extorsionado con la amenaza
de someterlo a la justicia? Si es así, que lo diga. Pero aun sea cierto, ¿es
motivo para eliminar el derecho ciudadano de pedirle cuentas a sus servidores?
Durante los gobiernos del PLD se denunciaron más de 200
casos de corrupción. ¿Cuántos fueron investigados? ¡Ninguno! ¿Cuántos
funcionarios sometieron a la justicia
por corrupción? ¡Ninguno! ¿Cuántos están presos por corruptos? ¡Ninguno! A
pesar de que organismos tanto nacionales como internacionales han establecido
que la corrupción le cuesta al país alrededor de cien mil millones de pesos
todos los años.
Como todos sabemos, la mayoría de los dirigentes del PLD,
hasta el año 1996, llegaron al poder andaban en chancletas, eran pobres, no
tenían “ni con qué caerse muertos”. Y
hoy compiten con los grupos económicos tradicionales del país. ¡No pueden
justificar sus inmensas fortunas a costa de la pobreza del pueblo! (Más del 53 % de los dominicanos son pobres)
El artículo 146 de la Constitución invierte el fardo de la
prueba al establecer que los funcionarios deben explicar la idoneidad de su
patrimonio. Es decir, ellos son quienes tienen
que demostrar que los bienes obtenidos son lícitos. Ese artículo es letra muerta. El Ministerio
Pública no actúa. Nadie ha sido investigado.
El PLD se blindó con la mayor acumulación de dinero que
registra la historia, lo cual le permitió tomar el control de todos los poderes
del Estado, incluyendo los poderes fácticos. No solo compró medios de
comunicación y “líderes de opinión”, también compró los principales dirigentes
de los partidos políticos grandes y pequeños. Hoy el país tiene una dictadura
amparada en una constitucional que ignora cuándo le conviene.
El último zarpazo a la democracia es pretender quitarles a
los ciudadanos el derecho a denunciar y someter a la justicia a los
funcionarios corruptos. Con ese paso la dictadura del PLD, Leonel-Danilo. Y
viceversa, se afianza y se fortalece. Para salir de esa dictadura legalizada y
legitimada por la corrupción y el saqueo solo queda como esperanza el PRD
Mayoritario y la Convergencia donde debe primar, más que nada, el sentido patriótico.
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