Recientemente homenajeado por la Universidad de París VIII y la UNESCO, el expresidente Leonel Fernández es uno de los grandes líderes del rumbo derechista y xenófobo de su partido y de esa opinión. Fernández seleccionó a los miembros de las “altas cortes”, incluido el Tribunal Constitucional.
Enviado por: Jean-Michel Caroit, corresponsal de Le Monde en Santo
Domingo/Traducción de Iván Pérez Carrión. 16 de noviembre del 2013
Desde los inicios del XX, la migración
haitiana ha proporcionado por mucho tiempo mano de obra sobre explotada en
plantaciones de azúcar ‒ públicas
y privadas. El despegue económico de la República Dominicana después de una
veintena de años, mientras que Haití se sumía en la crisis, acentuó un flujo
migratorio hacia la República vecina, sobre todo, desde el terremoto que
devastó a Haití en enero de 2010.
En octubre de 1937, el dictador
dominicano Rafael Trujillo ordenó la masacre de más de 15,000 haitianos negros
inmigrantes para “blanquear la raza”. Al año siguiente, para lograr el perdón
de la comunidad internacional, el sangriento tirano abrió las puertas de su
país a los judíos alemanes, blancos, perseguidos por Hitler.
Sesenta y cinco años después, la decisión
del más alto tribunal dominicano de retirar la nacionalidad dominicana a los
dominicanos descendientes de haitianos, de nuevo provoca la preocupación de la
comunidad internacional y la indignación de los defensores de los derechos
humanos. A finales de septiembre, el Tribunal Constitucional consideró que,
retrospectivamente, los descendientes de los inmigrantes “en tránsito”, nacidos
después de 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.
Denunciada como un “genocidio civil”,
esta decisión convierte a los descendientes de los migrantes en apátridas, no
obstante, el derecho al suelo estuvo vigente hasta la Constitución de 2010. El
Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa describió la sentencia
como una “aberración jurídica que parece directamente inspirada en las famosas
leyes nazis”. Criticada en una reunión de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), a finales de octubre, la República Dominicana argumentó que
las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables.
El secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, confió el caso a la Comisión y a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Sus decisiones son vinculantes para los Estados miembros y el
Tribunal de Justicia dictaminó en 2005 que el estatus migratorio de los padres
no puede menoscabar el derecho a la nacionalidad de sus hijos.
A la defensiva frente a las reacciones
internacionales, el gobierno dominicano ha intentado disminuir el impacto de la
sentencia. Si bien el Tribunal Constitucional contó 668,145 personas de origen
haitiano que pudieran verse afectadas, una revisión de los registros llevó a la
conclusión, a principios de noviembre, que no eran más que 13,672 los
descendientes de haitianos “registrados con un documento no válido”.
Las autoridades dominicanas han mantenido
la confusión al mezclar el derecho a la nacionalidad de los descendientes de
haitianos con el archivo migratorio, un verdadero problema en la relación entre
las dos repúblicas que comparten la isla La Española. Desde principios del
siglo XX, las plantaciones de azúcar dominicanas utilizan a los cortadores de
caña haitianos a los que retribuyen en forma miserable.
La “haitianización”
La crisis interminable que siguió a la
caída de la dictadura de Duvalier y al terremoto de enero de 2010, impulsó el
flujo de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, con la complicidad
remunerada de las autoridades. La agricultura y el sector de la construcción
dependen de estos sobreexplotados, y el Estado los emplea en sus principales
obras de construcción. Una nueva ley de inmigración fue votada en 2004, pero el
plan de regularización de los inmigrantes en situación irregular aún no ha sido
aprobado.
La imagen de la República Dominicana, el
primer destino turístico de la región, se ha visto seriamente afectada por la
decisión del Tribunal Constitucional. Los países de la Comunidad del Caribe, de
la cual Haití es miembro, fueron los primeros en denunciarla. Uno de los
principales donantes, la Unión Europea, se mantuvo tranquila después de recibir
garantías de que no habría deportaciones masivas hacia Haití, donde la
situación política continúa deteriorándose.
La controversia ha dividido profundamente
a la sociedad dominicana. Los jesuitas están entre los defensores más dinámicos
de los “desnacionalizados”, mientras que el jefe ultraconservador de la Iglesia
Católica, el cardenal López Rodríguez, es un portavoz del campo “nacionalista”,
que denuncia un presunto “plan” de las grandes potencias, con Estados Unidos y
Francia a la cabeza, para “fusionar la isla” y quitarse de encima el “problema
haitiano” en detrimento de República Dominicana.
Recientemente homenajeado por la
Universidad de París VIII y la UNESCO, el expresidente Leonel Fernández es uno
de los grandes líderes del rumbo derechista y xenófobo de su partido y de esa
opinión. Fernández seleccionó a los miembros de las “altas cortes”, incluido el
Tribunal Constitucional.
Le otorgó un poder desmedido con su
resultado electoral a la Fuerza Nacional Progresista, un pequeño partido
xenófobo creado por el abogado “Vincho” Castillo, el principal caballo de
batalla en la lucha contra la “haitianización” de la República Dominicana. El
sucesor de Fernández, el presidente Danilo Medina, no ha querido desafiar su
poder, particularmente, en cuanto al problema migratorio.
Le Monde dice Leonel es líder “derechista y xenófobo de su partido”, el PLD
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