En Puerto Rico califican de temerarias repatriaciones hacia Haití desde República Dominicana
Gallardo explicó que uno de los puntos fundamentales del informe consiste en los casos de niños que tienen que pasar solos por la frontera, además de todos los asentamientos en el sur de Haití y la vida que están llevando sin recibir algún tipo de identificación por “irresponsabilidad de ambos gobierno”.
Foto: Gheydi de la Cruz/Diáspora dominicana (www.diasporadominicana.com)/La presentación estuvo a cargo de Lizza Gallardo, directora ejecutiva de la seccional de Amnistía Internacional en Puerto Rico, acompañada de Hilda Guerrero, de Comuna Caribe, y la licenciada Annette Martínez, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos quienes también compartieron sus experiencias sobre esta crisis de derechos humanos y cívicos.
SAN JUAN, Puerto Rico.- A un año de que República Dominicana diera por concluida la suspensión de las repatriaciones de personas indocumentadas hacia Haití, Amnistía Internacional presentó un informe en Puerto Rico en el cual las califica de “temerarias”.
Más de 100 mil personas en los últimos meses han sido expulsadas desde República Dominicana, indica el nuevo informe, publicado un año después de que, el 18 de junio de 2015, el gobierno dominicano diera por suspendidas las deportaciones y/repatriaciones masivas por orden del presidente Danilo Medina.
“¿Dónde vamos a vivir?” Migración y apatridia en Haití y la República Dominicana”, es el título del nuevo informe que considera como una irresponsabilidad la forma en que los dos gobierno de la isla La Española (Haití y República Dominicana) están manejando la deportación, la expulsión y el retorno “espontáneo” de decenas de miles de personas tras un Plan de Regularización puesto en marcha por las autoridades dominicanas, que duró 18 meses y estuvo destinado a las personas extranjeras indocumentadas residente en territorio dominicano (la mayoría de origen haitiano).
La presentación estuvo a cargo de Lizza Gallardo, directora ejecutiva de la seccional de Amnistía Internacional en Puerto Rico, acompañada de Hilda Guerrero, de Comuna Caribe, y la licenciada Annette Martínez, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos quienes también compartieron sus experiencias sobre esta crisis de derechos humanos y cívicos.
“Y no podemos hablar de deportaciones cuando estamos hablando que se trata de personas que tienen un derecho como nacionales dominicanos; estamos hablando de expulsiones contrarias al derecho internacional”
Gallardo explicó que uno de los puntos fundamentales del informe consiste en los casos de niños que tienen que pasar solos por la frontera, además de todos los asentamientos en el sur de Haití y la vida que están llevando sin recibir algún tipo de identificación por “irresponsabilidad de ambos gobierno”.
“Esto no es una problemática sencilla que se pueda solucionar de un día para otro, hace falta mucho corazón, hace falta que haya mucho deseo, de que haya un cambio en la vida de las personas para poderle devolver la paz y tranquilidad que merecen las personas”, dijo.
Explicó que en el caso de la República Dominicana se está haciendo una exhortación, para que al momento de deportar una persona se le informe, y que se respete su derecho de poder ir a un juzgado y reclamar las razones.
“Una persona menor de edad no puede ser deportada sin la presencia de sus padres y, se están viendo casos de niños y jóvenes que están pasando la frontera solos, llegando entonces a Haití donde no tienen una familia que los pueda recibir”, precisó.
En el caso de Haití, explicó, se está haciendo una exhortación para que aquellas personas que quieran nacionalizarse como haitianos tengan esa posibilidad, además de solicitar que cuando en territorio haitiano se reciban esas personas sea creado un registro oficial y se les ofrezcan servicios básicos de salud y educación.
De su lado, Hilda Guerrero de Comuna Caribe, reclamó de ambos gobierno un mayor respeto, “tenemos que siempre mantener la capacidad de indignarnos, de no dejarnos manipular por el Estado dominicano, de decir que todo se aclaró, que todo se resolvió con una ley de regularización”.
La licenciada Annette Martínez, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos insistió en que las deportaciones continúan sin ningún tipo de notificación, en violación al derecho que tienen las personas de cuestionar esa acción.
“Y no podemos hablar de deportaciones cuando estamos hablando que se trata de personas que tienen un derecho como nacionales dominicanos; estamos hablando de expulsiones contrarias al derecho internacional”, destacó.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha manifestado que “desde que privaron arbitrariamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, las autoridades de la República Dominicana han creado una crisis de derechos humanos que está dejando a decenas de miles de personas en un limbo jurídico absoluto y desesperado”.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las organizaciones de la sociedad civil haitianas, más de 40.000 personas –entre ellas varios cientos de menores no acompañados– han sido deportadas de la República Dominicana a Haití entre agosto de 2015 y mayo de 2016.
Al menos otras 68.000 regresaron a Haití “espontáneamente”, en muchos casos tras recibir amenazas o por el temor a sufrir persecución y violencia en la República Dominicana.
Aunque el 85 por ciento del total dijo a la OIM que había nacido en Haití, un 15 por ciento afirmó haber nacido en la República Dominicana.
La mayoría son hijos e hijas de personas migrantes haitianas que han regresado “voluntariamente”, pero que podrían tener derecho a la nacionalidad dominicana. Según verificaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 1.600 personas que tienen derecho a la nacionalidad dominicana han sido expulsadas ilegalmente del país.
Unas 2.000 personas viven desde agosto de 2015 en seis campamentos improvisados cerca de la localidad fronteriza de Anse-à-Pitres, en el sur de Haití. Las condiciones en los campamentos son pésimas, sin apenas acceso a comida, agua, instalaciones de higiene o atención médica. Durante varios meses, las autoridades haitianas no asumieron el liderazgo para encontrar una solución, y hasta mediados de febrero de 2016 no se estableció un plan para reubicar a todas las familias en las zonas que ellas mismas eligieran.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana resolvió que los niños y niñas nacidos en el país desde 1929 de padres extranjeros indocumentados no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana.
Amnistía Internacional califica de “temerarias” repatriaciones hacia Haití
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